La cuestión de la seguridad se ha convertido en uno de los ejes principales de la comunicación política municipal en Montpellier. Desde hace varios años, el ayuntamiento dirigido por Michaël Delafosse ha destacado dos palancas principales: el despliegue masivo de cámaras de videovigilancia en el espacio público y el apoyo firme a las "operaciones limpieza" (opérations place nette), esas espectaculares intervenciones policiales dirigidas contra el narcotráfico.
Estas políticas responden a una fuerte expectativa social. Pero una política pública no debe juzgarse por su intención ni por su visibilidad mediática: debe juzgarse por su eficacia real, medible y duradera. Las investigaciones en criminología y ciencias políticas permiten hoy evaluar con precisión estos dispositivos — y poner de relieve alternativas que a menudo son menos visibles, pero mucho más eficaces.
La videovigilancia: una herramienta con efectos muy limitados
En Montpellier, el número de cámaras de videovigilancia ha aumentado considerablemente. Su justificación oficial es sencilla: disuadir la criminalidad y facilitar el esclarecimiento de los delitos. Sin embargo, la literatura científica es ampliamente escéptica.
El estudio Surveillance for Crime Prevention in Public Space (Welsh & Farrington, 2004), que sintetiza décadas de investigación internacional, muestra que las cámaras tienen, en el mejor de los casos, un efecto marginal en ciertos delitos muy específicos, como el robo de vehículos en aparcamientos cerrados. En cambio, su impacto es casi nulo en la violencia contra las personas, el tráfico de estupefacientes o las incivilidades cotidianas.
Peor aún, las cámaras suelen tender a desplazar la delincuencia en lugar de reducirla: las infracciones se trasladan a zonas no equipadas. También se observa un efecto de habituación, ya que los infractores integran rápidamente la presencia de las cámaras en sus prácticas.
Por último, estos dispositivos son costosos: instalación, mantenimiento, supervisión humana, almacenamiento de datos. Con un presupuesto constante, cada euro invertido en videovigilancia es un euro que no se invierte en presencia humana, mediación, prevención o acción social.
Las operaciones "limpieza": eficacia puntual, fracaso estructural
Otro pilar de la política actual: las operaciones "limpieza", ampliamente mediatizadas y a menudo presentadas como una respuesta firme al narcotráfico. Estas operaciones se basan en intervenciones policiales intensivas y visibles, a veces coordinadas con la justicia y las aduanas.
El estudio Police Performance in Countering Narcotics Problems (Wardana et al., 2025) muestra, sin embargo, que este tipo de estrategia produce resultados muy limitados en el tiempo. Las redes se adaptan rápidamente, trasladan sus puntos de venta, fragmentan sus estructuras y reanudan sus actividades unas semanas o meses después de las operaciones.
El narcotráfico funciona como un mercado: mientras la demanda persista, la oferta se reconstituye. Las operaciones de choque pueden dar una sensación temporal de recuperación del control, pero no modifican ni las condiciones sociales que alimentan el tráfico, ni los equilibrios económicos subyacentes.
Incluso pueden producir efectos perversos: aumento de las tensiones con los vecinos, pérdida de confianza en las instituciones y, a veces, una violencia más difusa una vez que cesa la presión policial.
Cuando la política de seguridad se convierte en política de comunicación
"Para cada problema complejo existe una solución que es clara, simple y equivocada."
— H. L. Mencken
Las cámaras y las operaciones de limpieza tienen algo en común: son altamente visibles. Tranquilizan simbólicamente, producen imágenes impactantes y permiten a los responsables políticos mostrar una postura de autoridad.
Pero esta lógica de visibilidad puede ocultar una debilidad estratégica: la ausencia de una transformación profunda de los mecanismos que producen la inseguridad. La seguridad se convierte entonces en un objeto de comunicación más que en una política pública basada en resultados.
Elinor Ostrom: repensar la seguridad como un bien común
Los trabajos de Elinor Ostrom ofrecen una perspectiva radicalmente diferente. Contrariamente a la idea de que solo una autoridad centralizada y coercitiva puede producir seguridad, Ostrom muestra que muchos bienes colectivos — incluida la seguridad — se gestionan mejor cuando se basan en formas de gobernanza compartida.
Aplicado a la seguridad pública, este enfoque implica:
- una presencia policial de proximidad, establecida a largo plazo y conocida por los vecinos;
- mecanismos de cooperación entre vecinos, asociaciones, servicios municipales y fuerzas del orden;
- una capacidad local para identificar problemas, experimentar con soluciones y ajustarlas;
- una prioridad otorgada a la prevención, la mediación y la resolución de conflictos antes de que degeneren.
En esta lógica, la policía no es una fuerza externa que "interviene", sino un actor entre otros de un ecosistema local de seguridad.
Lo que realmente funciona
Las políticas más eficaces combinan varias palancas:
- La presencia humana antes que la tecnología. Policías, mediadores y educadores identificados, formados y estables en los barrios.
- La prevención social. Lucha contra el abandono escolar, acceso al empleo, políticas de juventud, apoyo a las familias.
- La coproducción de la seguridad. Consejos de barrio dotados de poderes reales, dispositivos de resolución local de conflictos, implicación de los vecinos.
- La reducción de las oportunidades criminales. Urbanismo, iluminación, uso de los espacios públicos pensados con los vecinos.
Estas políticas son menos espectaculares, pero sus efectos son duraderos.
Para Montpellier: cambiar de paradigma
En Montpellier, persistir en una estrategia centrada en la videovigilancia y las operaciones de choque equivale a tratar los síntomas en lugar de las causas. Una política de seguridad eficaz supone un cambio de paradigma: pasar del control a la confianza, de la apariencia a la cooperación, de la reacción a la prevención.
Esta elección es política. Compromete una visión de la ciudad, de sus habitantes y del papel mismo de la acción pública.